Con frecuencia escuchamos hablar de la corrupción a todos los niveles del gobierno, pero pocos aluden la pobreza; los gobernantes siguen iluso a este tema tan importante. La realidad es que en la Republica Dominicana existen condiciones de pobreza absoluta (extrema o paupérrima), al igual que de pobreza relativa. La primera, es la falta de los medios necesarios para costear las necesidades básicas del ser humano, como agua, nutrición, ropa, vivienda, salud y educación, entre otras, y es basada en estándares fijos constantes; mientras la segunda, es basada en la condición de tener menos recursos o menos ingresos que otros dentro de una sociedad, o país en comparación con los promedios a nivel mundial. Casi siempre al referirnos a la pobreza solo indicamos la relativa; ¿y qué de la pobreza absoluta que sufren aquellos ciudadanos que no cuentan con un ingreso mínimo y que carecen de las necesidades básicas, con quién los comparamos, tal vez con ellos mismos; es que tal vez para ellos no existe un parámetro de comparación, será porque lo que es absoluto, es absoluto, y así se queda?. Ellos son los olvidados y no debe ser así, pues también son ciudadanos.
El gobierno tiene la obligación de desarrollar medidas de políticas nacionales para erradicar la pobreza, tanto absoluta como relativa, para esto es necesario enfocar las necesidades básicas principales e inyectar los recursos necesarios para establecer un nivel económico que defina el nivel de vida adecuado que satisfaga las necesidades básicas de los ciudadanos, utilizando debidamente los fondos establecidos para la mediación de la pobreza, ya sea a corto o a largo plazo.
Debido a que la gran mayoría de los pobres en la Republica Dominicana son agricultores o ciudadanos de zonas rurales, es importante promover libertades económicas que fomenten la iniciativa empresarial entre los agricultores y ciudadanos rurales e incentivar la modernización de la agricultura; pero la falta de voluntad de los gobiernos y las elites feudales, las instituciones ineficientes, la corrupción, y las excesivas cargas burocráticas son los principales obstáculos para el desarrollo agrícola, y la vez decepcionantes para las inversiones de empresas agrícolas y textiles locales y extranjeras, como algunas empresas de las zonas francas que han cerrado sus puertas.
La intervención pública debe enfocarse en establecer un sistema riguroso en la educación y la salud general de la comunidad. La mala educación al igual que la mala salud afectan gravemente a la productividad. Por eso muchas empresas han establecido programas de bienestar laboral para mejorar las condiciones de vida de sus empleados, incluyendo la educación y la salud, como consecuencia han obtenido incrementos a favor de la productividad, la moral, y la lealtad.
Es injusto reducir presupuesto de suma importancia como educación y salud, pero más injusto es cuando los fondos son asignados y nunca llegan a los destinatarios. Para corregir este mal, el gobierno debe implementar programas de mejoras al bienestar de sus empleados, y de sus ciudadanos, quienes además de las necesidades básicas ya mencionadas, también deben incluir infraestructuras de viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, etc., las cuales aumentarán significativamente la economía y reducirán la pobreza. Aunque todo esto se ha dicho innumerables veces, es mi responsabilidad como ciudadano repetirlo hasta que se mejoren las condiciones de vidas de los conciudadanos olvidados por la burocracia.
Autor: Luis Terrero Melo
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Escrito por Elsa, marzo 09, 2010
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